SEXTA AUDIENCIA

LO PASADO Y LO PRESENTE - parte 1

Por HIJOS La Plata
Durante Sexta y Séptima audiencias se escucharon los testimonios de 3 sobrevivientes de los CCD de la Armada, de los familiares de 3 desaparecidos que son caso en el juicio, de una testigo de 2 homicidios y de varios familiares que aún esperan justicia.

La 6ta audiencia comenzó con el testimonio de Elsa Gomez, esposa de Ricardo Alberto Nuez, trabajador de Astillero Río Santiago y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestrado por patotas de la Marina el 31 de julio de 1976 en la casa que compartían en Ensenada, y uno de los casos de desaparición forzada que integran el juicio.
Gomez relató que pasada la medianoche de aquel viernes, “los secuestros solían ser los viernes” dijo, un grupo operativo de entre 15 y 20 agentes de civil comenzó con golpes en las ventanas y las puertas de la casa. Recordó que una vez que ingresaron detectó que quien estaba al mando era uno que llevaba pasamontañas. Se llevaron a Ricardo envuelto en una frazada, revolvieron toda la casa y se robaron una máquina de escribir. Enseguida, su esposa buscó las llaves del auto y se dirigió a buscarlo. Fue hasta la comisaría de Ensenada, donde le tomaron declaración y la entretuvieron hasta las 6 de la mañana. Además presentó el correspondiente Habeas Corpus y continuó la búsqueda en la zona por propia iniciativa. Por los antecedentes de secuestros que se venían dando desde antes del golpe de Estado, la testigo contó que su marido le había dicho que si venían a buscarlo no se resistiera y que lo buscara por el camino a Punta Lara. Así lo hizo, y cuando pasó por la Comisaría de esa zona, a cargo del comisario Paladino, pudo ver soldados apostados en la dependencia apuntando hacia adentro.
Además, contó que volvió a cruzarse en Ensenada a los móviles del operativo, en otras faenas de secuestros, entre ellas las detenciones de Juan Carlos Blasetti en septiembre del '76 y de Mario Gallego en abril del '77. En este último caso también siguió a la patota y vio cómo lo llevaban a la Comisaría de Ensenada y luego a la sede de Prefectura. Un año y medio después de los hechos, un sargento del Regimiento 7 le aconsejó que no lo buscara más a Ricardo porque “no está en las listas de detenidos” que, según le dijo, eran depuradas cada año de los asesinados o desaparecidos.
Cuando se presentó en Astillero la recibió el jefe de personal, que le liquidó el sueldo pendiente y no le dio más respuesta. Más tarde llegó el telegrama de despido por “abandono de servicio”.

Continuó la audiencia con el testimonio de Tania Nuez, la hija de Ricardo y nuestra compañera de la agrupación HIJOS La Plata. En uno de los testimonios más completos y contundentes de lo que va del juicio, Tania contó cómo fue la ardua tarea de reconstruir la historia de su padre y con ello la propia identidad. La militancia de Ricardo de muy joven en la Juventud Comunista y el PCR, su ingreso a la Escuela Técnica del Astillero como aprendiz, luego en el PRT, más tarde en el Partido Socialista de los Trabajadores y finalmente en el ERP.
Además realizó un pormenorizado relato de las distintas luchas que se libraron en el Astillero y en Ensenada entre las décadas del '60 y '70, siempre reprimidas por la infantería de Marina, que contaba con una dependencia del BIM3 dentro de la planta del ARS. Contó de un allanamiento que su padre sufrió en 1963 en una casa que habitaba en Punta Lara, hecho que da cuenta de la persecución que venía sufriendo desde hacía tiempo, y que está documentada en las fichas que sobre Ricardo existen en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). Relató que en el año '69 sus padres se casaron y se fueron a vivir a Villa Regina, Río Negro, donde Ricardo trabajó en fábrica, desarrolló la militancia sindical y fue candidato a diputado por el PST.
De vuelta en el Astillero en 1975, Ricardo enfrentó a la dirección de la empresa, a cargo del capitán Enrique Carranza y en comunión con la burocracia sindical de ATE en cabeza de Juan Horvat en Nación y Juan Carlos Marín en Ensenada. Principalmente participó de la formación de asambleas combativas de base, de la Coordinadora de Gremios en Lucha enfrentada a la CGT y de las comisiones paritaras de cara a la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo conseguidos en aquel entonces y aún vigentes.
También detalló toda la serie de asesinatos y secuestros de compañeros de Astilleros y de otras fábricas de la zona entre octubre del '75 y julio del '76, como los casos de “Gogo” de Charras, Marotte, Méndez Paz, Noriega, Pelaez, Nievas, Scafide, Delaturi, Andreucci, Gutzo, Lucero; y especialmente el denominado 5x1: tras el asesinato en junio del '76 del jefe de Recursos Humanos del ARS, capitán Bigliardi, la marina se cobró la vida de 5 compañeros acribillados en el camino a Punta Lara, hecho que se conoce por un sobreviviente.
Sobre el secuestro de su papá, Tania mencionó que esa noche ella, de tres meses de edad, estaba en la casa de sus tíos. “Yo creo que si hubiese estado con ellos esa noche tal vez yo sería una de los más de 400 jóvenes apropiados que al día de hoy desconocen su identidad”, dijo. Y afirmó que sólo a través de la memoria de los trabajadores y los familiares pudo reconstruir lo poco que sabe de su padre. Cuando ingresó a trabajar en Astillero en 2007 pudo conocer el taller de cobrería en el área de chapa fina donde trabajaba su papá, casi como una manera de reencuentro: “caminé por donde él caminó y ví lo que el vió”, señaló.
Por último realizó una rotunda crítica al Estado sobre la manera de encarar estos procesos de memoria, con la cooptación de las organizaciones de Derechos Humanos, con el genocida Milani al frente del Ejército, con la banalización de los ex centros Clandestinos de Detención, los juicios fragmentados y la impunidad biológica de los genocidas. Afirmó que “sólo 8 genocidas de la Armada en este juicio es muy poco. Por el caso demi papá está acusado sólo el Comandante de la Fuerza de Tareas 5, Juan Errecaborde. Pero a mi casa entraron 15 o 20 represores. ¿Qué pasa con todos ellos?”. Y reivindicó a las organizaciones independientes del Estado y lo gobiernos que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el gatillo fácil y las torturas policiales, por los desaparecidos en democracia, por Julio Lopez y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.

La audiencia continuó con el testimonio de María Beatriz Horrac, secretaria de Gerencia en la planta de Ensenada de Propulsora Siderúrgica y detenida el 5 de abril de 1976 en su lugar de trabajo. Personas vestidas de civil fueron a buscarla y revisaron su oficina. Un uniformado velaba en el pasillo. En esos días, la empresa estaba intervenida por los militares y las fuerzas de seguridad pedían documentos a los trabajadores. No le dieron ninguna explicación, pero la esposaron, la encapucharon y la subieron a un coche. Supone que
estuvo en el BIM3, aunque otros datos hacen pensar que fue en Prefectura. Reconoció la voz de María Adela Barraza, a quien conocía de una parroquia desde donde hacían tareas sociales. Sufrió 3 simulacros de fusilamiento, tortura por submarino y otras agresiones. Contó que había también una chica embarazada. Tras dos días de cautiverio la trasladaron a Olmos, junto a Barraza. Allí las manguerearon y las interrogaron. Los secuestradores le confesaron que hace tiempo vigilaban las actividades de la parroquia. Mientras tanto, sus padres la buscaban. Además interpusieron Habeas Corpus. Luego la trasladaron a Devoto. Contó que había trabajadores fabriles y delegados gremiales hacinados. Fue liberada en el 80. Siguieron vigilándola e incluso intentaron atropellarla. Comprobó que de la parroquia había 7 desaparecidos y ya no había actividades sociales.
“La comunidad parroquial fue desaparecida”, dijo. Recordó los nombres, compañeras y compañeros; Susana Larrubia, secuestrada en el 76 y desaparecida, cuya hija nació en cautiverio; Eduardo Ricci, del grupo universitario, desaparecido; Héctor Federico Baccini, cura, desaparecido; Diego Arturo Salas, en el 76 también desaparecido; entre otros. De los que estaban del otro lado, nombró a Monseñor Antonio Plaza, Arzobispo de La Plata y figura clave en la coordinación del genocidio en el Circuito Camps. Por otra parte, pese a que se sabía que había sido secuestrada, la empresa dejó de considerar sus aportes desde el momento de su detención.
María Beatriz finalizó su relato leyendo una carta de Susana Larrubia destinada a su padre y escrita en cautiverio. En esa carta, Susana repasa brevemente la histórica dependencia de nuestro pueblo y la permanente prevalencia de intereses extranjeros. Conciente de que habría muertos, manifiesta su confianza en que “llegaremos, porque es lo mejor para el bien de
todos”.
Por el caso de Horrac está imputado en el juicio el jefe de Prefectura entre marzo y abril del '76, Carlos Schaller.

Posteriormente llegó el relato de Julio Alberto Machado, trabajador de ARS, secuestrado por la Marina el 25 de marzo del 76 en su casa. En el operativo estaba presente su familia. Lo encapucharon y lo subieron a un micro -que seguía levantando personas- hasta Prefectura. Allí le quitaron la capucha y lo obligaron a ponerse contra la pared con los brazos extendidos algunas horas. “La tortura empezó ahí”, señaló. Alguien le dijo a otro, ambos de Marina, “a este lo conocemos, labura con nosotros; y bueno; si cayó, cayó”. Con un compañero se preguntaban por qué estaban en ese lugar, “por defender a los obreros estamos”. Luego lo trasladaron en lancha a lo que supone era la Escuela Naval. Coincidiendo con muchos otros testimonios en este juicio, allí sufrió simulacros de fusilamiento y fue golpeado y hostigado. Lo interrogaron por trabajadores compañeros y por Luis Córdoba, apodado “El Hermano” por profesar la fe cristiana evangélica. Contra Córdoba se encarnizaron porque era candidato a delegado paritario, junto a él, por la lista Celeste. Estuvo ahí 2 o 3 días y lo trasladaron a la base de la Marina que estaba en ARS y luego hasta Unidad 9. Los represores se identificaban entre ellos como “Rojo 1, Rojo 2, etc”. Cuenta que vio, además, a los hermanos Aguirre, a Niselsky y a otros compañeros de ARS.
Respecto de las consecuencias de haber sido secuestrado, dijo que “fuimos maldecidos por lo que nos hicieron”. Además de que la empresa le impidió recuperar su trabajo, muchos compañeros tuvieron que trabajar de albañiles e incluso cartoneros. Reclamó por los actuales
impedimentos a la jubilación. ARS no le reconoce ni a sus compañeros ni a él sus aportes. En su caso el despido y el secuestro implicó dejarlo fuera del circuito laboral y despojarlo del sustento vital. Dijo, por último, que “luchábamos porque fuera una empresa que manejaran sus trabajadores”.
Por su caso también está imputado el jefe de Prefectura entre marzo y abril del '76, Carlos Schaller, y el oficial de esa fuerza Tomás Mendez, que murió impune antes de comenzar el juicio.

Luego fue el turno de Elda Mabel Lois, vecina del departamento de calle 58 N°607, entre 7 y 8, que presenció el operativo en que fueron asesinados los militantes Galván Lahoz y Pampillo el 19 de octubre de 1976. La testigo contó que aquella tarde volvía del médico a su depto del piso 15 y cuando llegó al hall del edificio vio a un personaje canoso y alto que le dijo que estaban haciendo una inspección de rutina. Al encontrar a su esposo se enteró que ya habían desplegado agentes de civil armados y con gruesas camperas oscuras por todo el edificio. Entonces uno les preguntó por “un señor con anteojos y una chica con las medias rotas”. Creyendo que se trataba de una broma, fue cuando comenzó a escuchar una balacera en los pisos de arriba, por lo que los desalojaron del hall. Se refugiaron en la florería “Oyola” de la esquina de 7 y 58, y desde allí observó cómo la cuadra se plagaba de más efectivos y móviles de todo tipo. Tiempo más tarde, pudo constatar que los marinos cargaban libros del lugar siniestrado y unas bolsas grandes y pesadas en un camión, que supuso se trataba de los cuerpos de los jóvenes del 4to piso. En ese departamento los jóvenes militantes de Montoneros Roberto Pampillo (“Esteban”) y Miguel Galván Lahoz (“El sanjuanino”), tenían una consultoría legal que funcionaba de vidriera de la militancia de base que desarrollaban en los barrios de La Plata. La vecina, que había conocido a Pampillo en una de las reuniones de consorcio, contó que al volver al edificio observó sangre de arrastre de los cuerpos por las escaleras y el departamento desmantelado por los tiros.
Por los homicidios de Galván y Pampillo están acusados en el juicio los represores Juan Errecaborde (Comandante de la FT5) y Eduardo Guitián (Jefe de Operaciones del BIM3). Murió impune el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini. En el expediente hay constancias de un sumario instruido por la propia Armada, a raíz de las heridas sufridas por el marino Eugenio González en el operativo, realizado por integrantes del BIM3 y de la Policía bonaerense. De ese sumario surge que formaron parte del operativo Guitián, a quien se sindica con “adoctrinamiento Anti-Subversivo y Coordinación de los Fuegos de Apoyo”, y que estaba a cargo Mocellini, sobre cuyo desempeño su jefe Errecaborde elogió “especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate” y de concepto “excepcional”.

Continuó con la ronda la testigo Silvina Arias, hija de Diego Arias, trabajador del Astillero secuestrado el 18 de junio de 1976 y aún desaparecido. Arias contó que su papá había ingresado como aprendiz a la fábrica en el año '62 como técnico en refrigeración y fue despedido poco después del golpe de Estado por “razones de seguridad”. Entonces se las arregló reparando heladeras con un amigo y haciendo pintura de autos en un taller de su casa de Berisso.
También dijo que la tarde previa a su secuestro había estado hablando con un amigo y compañero del Astillero y le había dicho “nos vamos a tener que ir”. Ya sabían de la suerte que habían corrido otros compañeros y amigos como Pelaez y Gutzo y que el sindicato ATE Ensenada estaba entregando listas a la Marina. Finalmente fue secuestrado a la madrugada siguiente como parte del operativo de la Armada conocido como “5x1” en venganza al asesinato de Bigliardi, junto a los trabajadores Juan Alberto Becker, Juan Carlos Arriola, Edgardo Cardinale, Luciano Sander y Héctor García.
Silvina señaló que en el operativo, el grupo vestido de fajina y encapuchado (excepto uno que daba órdenes) golpearon a su abuelo Francisco e intentaron llevarlo confundiéndolo con su padre. Una vez que dieron con su padre, éste se vistió con su mejor ropa y al sacarlo al living pidió despedirse de su familia, a lo que no accedieron. Una de sus tías vio como lo golpeaban al subirlo a un auto mientras el gritaban “Hijo de puta, la vas a pagar”. La familia hizo la denuncia en la Comisaría 1a de Berisso, pero en unas horas avisaron de la Comisaría 2a de Punta Lara que requerían presencia: informaron que “autores ignorados lo habían golpeado y arrojado al Camino Negro”. En verdad, por el testimonio de Becker, sobreviviente de ese operativo, se supo que los trasladaron en Falcon blancos, atados de pies y manos con alambre, luego los pasaron a una camioneta y fueron a un descampado donde se escuchaba el tren, y había una casona y un galpón. Les preguntaban quién había puesto la bomba en la fragata Santísima Trinidad. Allí ametrallaron a los otros cinco. A él le dijeron que “en este mundo tiene que derramarse mucha sangre para que haya paz” y lo liberaron en City Bell diciendo “te vamos a soltar, no viste nada".
Arias afirmó que cuando recuperaron los restos de su padre de que los cuerpos habían sido arrojados desde un helicóptero, porque los huesos estaban destrozados. Relató también que durante el velorio la familia, los amigos y vecinos recibieron todo tipo de amenazas y hasta vigilancia rotativa de agentes de la Armada.
Por último habló del daño económico que les causó la represión, ya que las familias nunca recibieron una pensión y muchos sobrevivientes aún no pueden jubilarse. Y que además d la ardua tarea de reconstruir la historia de su padre, perdió lo poco que tenía de él en el crimen social de las inundaciones del 2 de Abril en nuestra zona. Finalizó con una crítica a la justicia: “Yo estoy hablando de mi papá, pero no es caso en este juicio. Muchas veces hasta las investigaciones periodísticas van adelante de la justicia”.

La 6ta audiencia cerró con el testimonio de Mariela Sander, hija de Luciano Sander, trabajador del ARS secuestrado y asesinado en el operativo del “5x1”. Mariela contó que su padre había ingresado a la fábrica en el año '54, y había sido primero delegado y luego secretario general del sindicato entre el '69 y el '72 por la lista Azul y Blanca. Habiendo sufrido amenazas y persecución, había logrado escapar d eun intento de secuestro en el '74 y tras el golpe la familia debió mudarse de casa. En noviembre del '75 su padre fue víctima de una operación para echarlo del Astillero por el historial de sanciones que tenía por enfrentamientos con la patronal. Entonces se fue a trabajar a una verdulería para sostener a su familia.
Relató además que tras el secuestro de Ana Nievas en marzo del '76, su padre había ido a ver a Juan Horvart, secretario de AE nacional y además padrino de uno de sus hijos. EL burócrata le dijo “Andáte, no te puedo ayudar”, lo que generó una pelea y distanciamiento definitivo.
El 18 de junio del '76, su padre llegó a casa con una pierna herida, hecho que trató de minimizar frente a su esposa e hija. La misma madrugada fue secuestrado en un operativo de un grupo de tareas de encapuchados y vestido de fajina, donde le apoyaron un arma en la sien a ella, que tenía 12 años. Desde su pieza vio como se llevaban a su padre a los saltos por la herida en la pierna, y como se negaron a dejarlo que se despida u padre le dijo que recen mucho. Su madre vio que el operativo había 5 Torinos blancos.
Al otro día vino su tío con la noticia de los 5 asesinados en el Camino Negro de Punta Lara a 200 metros de la costa del río. Los cuerpos habían aparecido con los brazos atados con alambre por la espalda y apilados uno sobre otro. Cuando recuperaron los restos supieron que su padre tenía 12 tiros y todos los huesos rotos. Como en el caso de Arias, el velorio se hizo bajo amenazas de la Marina: “además del asesinato de mi padre sufrimos ser parias en una sociedad que nos echaba las culpas”. Mariela contó que después del hecho sufrieron por 2 años la vigilancia de agentes de la Marina en autos particulares en la puerta de su casa, que desde el sindicato ATE “nunca se acercaron para ver si teníamos para comer”.
Para finalizar reflexionó: “Esperé 39 años por justicia y no hay respuesta porque mi padre no es caso en el juicio. Hubo 40 familias de Astilleros destrozadas. Pido que se siga investigando, lo pido desde la niña que fui y desde la mujer que soy ahora”.