NO ESTUVIERON TODOS LOS GENOCIDAS, NI TODOS LOS COMPAÑEROS

Desde HIJOS La Plata, y el espacio Justicia Ya La Plata del que somos parte, venimos sosteniendo desde la reapertura misma de las causas seguidas contra los integrantes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, dadas las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellos se debaten.
Así también, en nuestra intervención en las anteriores causas elevadas a juicio en La Plata manifestamos claramente la necesidad jurídica del juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país durante los años '76/'83 agrupándolos por centro clandestino de detención, o bien por circuito represivo, como es en este caso referido a los distintos CCD de la Armada y Prefectura.
Hemos manifestado hasta el cansancio en los tribunales de instrucción que los principios de economía procesal y verdad jurídica material imponen, de la misma forma, adoptar este criterio de modo de conseguir una investigación acabada y eficiente de los sucesos ocurridos. Y señalamos en todos los ámbitos que de no adoptar ese criterio, el plan represivo y la cadena de responsabilidades se perderán inevitablemente en la incoherencia de innumerables causas seguidas como hechos independientes y sólo por unos pocos casos en cada oportunidad.
Obviamente, no resulta el criterio de unificación por centro clandestino de detención, el único adecuado. Por ello, propiciamos oportunamente en la causa 1/SE, la existencia de una investigación para todos aquellos casos de asesinados, o víctimas no vistas en ningún centro clandestino de detención, que dio origen a la causa N° 183.
En este sentido ha sido una conquista de este reclamo el hecho de que en este debate se estén juzgando los casos de Ricardo Nuez y Roberto José De la Cuadra, ya que pese a no conocerse por cuál de los distintos C.C.D. de la Fuerza de Tareas 5 han pasado, está probada la participación de la Armada en la persecución que sufrieron y en sus posteriores secuestros y desapariciones forzadas.
En el caso de la presente causa, si bien la investigación surgió a partir de denuncia de la existencia de un centro clandestino de detención en la Escuela Naval, posteriormente, se amplió el criterio a la actuación represiva de la Fuerza de Tareas N 5, es decir que el criterio investigativo y de imputación trascendió el análisis de los hechos sucedidos en un C.C.D. para extenderse a la participación de toda la FT5, es decir todos los hechos represivos cometidos en nuestra zona por la Armada Argentina y la Prefectura Naval subordinada a ésta.
Por ello mismo este proceso ha resultado fragmentario y no ha incluido todos los casos de los que la justicia tiene sobrada prueba de la actuación de la Armada y Prefectura
en las jurisdicciones fabriles que le asignaba su propio esquema represivo en el Plan De Capacidad (Placintara de 1975) en nuestra zona.
El origen de estas actuaciones, es el requerimiento fiscal del Dr. Sergio Franco, a partir de la denuncia de María Laura Chino, sobre la existencia de un CCD dentro de la Escuela Naval. El fiscal sostuvo en su denuncia, que allí habrían funcionado como centros clandestinos de detención los edificios de la Base Naval, la Escuela Naval, el ex Liceo Naval, la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval.
Tomado como base el testimonio de Carmelo Cipollone, quien había declarado sobre su secuestro a manos de la Armada ante la CONADEP (con legajo de referencia N°6290) y también en el Juicio Por la Verdad de La Plata, se sustanció un expediente que pretendía encaminarse al esclarecimiento de todos los crímenes denunciados ante la justicia federal como parte del plan represivo desplegado por la Armada y Prefectura en Ensena, Berisso y La Plata.
Posteriormente, y mediante sucesivas ampliaciones del requerimiento fiscal inicial, el Juzgado Federal N°3 de esta jurisdicción, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, precisó el objeto de la causa, lo que provocó incluso el cambio de la carátula inicial. El expediente pasó a ser denominado “Fuerza de Tareas N° 5”, y encabezaba debidamente las imputaciones el Comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek.
Así la justicia consideró que esta Fuerza de Tareas llevó adelante un intenso accionar represivo ilegal, principalmente dirigido contra trabajadores que se desempeñaban en las empresas ubicadas en el polo industrial de las ciudades de Berisso y Ensenada, perpetrando de este modo, hechos ilícitos calificables como delitos de lesa humanidad. Al momento del retiro de la actividad del Dr. Corazza, el expediente fue asumido por el Dr. Manuel Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal N°1 y en subrogancia en el Juzgado N°3.
Resulta significativo que en el auto de elevación elaborado por el Dr. Blanco se mencione como un testimonio “de gran importancia para componer el itinerario seguido por las víctimas que fueron secuestradas por la FT5” el relato prestado ante el fuero por Ana María Nievas, cuando en realidad su caso nunca fue tenido en cuenta para realizar las imputaciones de rigor.
Tal como ha sucedido en casos anteriores, el Dr. Blanco conformó nuevamente una causa “residual”, con los hechos que quedaron fuera de las indagatorias iniciales a los imputados. Resultaría sobreabundante, volver a insistir con lo que genera la fragmentación de las causas: las consecuentes dificultades probatorias, la reiteración de juicios orales, la re victimización de testigos, es algo que de manera patente ya conoce la justicia de instrucción, y este tribunal recepta como instancia posterior.
Pues bien, el pedido de ampliación de indagatorias realizado por Justicia Ya en el debate, y que fue positivamente aceptado por el TOF1, es símbolo de lo que estamos señalando. Nuestro requerimiento de ampliación de las indagatorias en pleno debate se basó en los testimonios de una docena de víctimas que escuchamos en el debate, pero que en su mayoría ya habían prestado declaración en la instrucción de la causa y en los Juicios por la Verdad. De manera que la posibilidad objetiva de subsanar aquellas omisiones de la instrucción en el debate, no desmerece en absoluto nuestra crítica a la característica con que este expediente llegó a la instancia de juicio oral, porque aún así, no forman parte de este juicio todas las víctimas que sufrieron la persecución, el secuestro, la aplicación de tormentos, el homicidio y el ocultamiento de los cuerpos como parte del plan genocida.
De hecho resulta muy sugerente que estando obligado el Estado argentino a esclarecer estos crímenes, sean las querellas las que deban cargar la responsabilidad de utilizar la prueba existente para señalar que existen más víctimas y más represores responsables de los delitos aquí ventilados.
Y más sugestivo resulta que la acusación de parte del Estado en este proceso, aún con las razones técnicas que esgrima, no acompañe el pedido de incluir en las imputaciones a las víctimas a las que se ha escuchado en este debate o cuyos familiares han relatado con detalle los hechos sucedidos.
Fueron parte de este debate los relatos Silvina Arias, Mariela Sander y Silvia Crespo, cuyos familiares, Diego Arias, Luciano Sander y Rodolfo Crespo, a criterio de la justicia no debían formar parte en este proceso de las víctimas de la Fuerza de Tareas 5.
También se escuchó el testimonio de Florencio Laurini, trabajador del Astillero secuestrado en el invierno de 1977, y de Roberto Almada, empleado del Swift que pasó 3 días en Prefectura en el invierno de 1977. Ambos casos, y el de varios de sus compañeros, no fueron tomados en cuenta en este proceso.
Afirmamos entonces que el desguace de las causas contra los genocidas reproduce y es funcional a la impunidad. El desmembramiento de los procesos que deben ser investigados en conjunto abre la posibilidad de sentencias disímiles con distintos criterios en cuanto a autoría, participación, monto de la pena y efectividad de la condena, en causas con identidad de hechos, imputados, y víctimas.
Insistimos en lo peligroso que es el camino que se abre al desguace y a criterios de selectividad arbitrarios de hechos e imputados. En estos casos la selectividad implica una toma de posición por parte de la justicia respecto a los límites que deben imponerse al juzgamiento del genocidio cometido en la última dictadura.
Ha sido, es y será el objetivo de esta querella que los procesos contra los genocidas insuman el mínimo tiempo posible con el único límite de que esta urgencia –más que justificada luego de casi 40 años de impunidad- sea compatible con los derechos de los acusados.
Por ello resulta inadmisible el argumento alguna vez esgrimido acerca del retardo de justicia que implicaría llevar a cabo las indagatorias y procesamientos imprescindibles para completar las instrucciones de las causas.
Muy por el contrario, afirmamos que sí significa un real retardo de justicia elevar a su etapa oral las causas como se viene haciendo: en un verdadero desguace que implica una sucesión casi infinita de juicios orales en los que se investigarían los mismos delitos y se acusaría a los mismos imputados.
De esta manera, fue en marzo de 2014 que el dr. Manuel Humberto Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y que necesariamente implicaría la conformación de una causa residual. El Dr. Blanco dio lugar al minúsculo requerimiento formulado por la fiscalía en el expediente: en total 10 genocidas por 40 casos para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. En el camino murieron impunes 2 de los represores imputados, con lo cual se acotó el objeto de la causa.
Con esto, no se elevó a juicio más que a una pequeña parte de los partícipes de los hechos en juzgamiento, porque nuevamente la Justicia adopta un criterio imputativo por el cual solo algunos de los mandos superiores y agentes de inteligencia fue indagado por los delitos cometidos.
Pero además, de la propia información obrante en la causa se desprende el carácter fragmentario que ha tenido la investigación de la represión de la Armada y Prefectura en nuestra zona.
Por ejemplo, en el informe sobre el BIM 3 y el CIFIM elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa, se da cuenta de que durante el año 1976 sólo en el BIM 3 revistaron al menos 22 oficiales, 76 suboficiales y 615 soldados conscriptos. La Memoria Anual correspondiente al '76 de la Jefatura de Infantería de Marina define que la zona de Río Santiago presentó la particularidad de tener una “alta densidad de población de infantes de marina”.
La justicia también conoce la existencia de un informe elaborado por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2010, en base a un relevamiento de los Boletines Navales Reservados, de los legajos personales y del material obrante en la ex-DIPBA referidos al período '76-'83.
Allí se detalla la revista activa de 68 oficiales de la Armada que cumplieron funciones en la Fuerza de Tareas 5 entre 1975 y 1982. En ese listado figura que varios oficiales que actuaron en los años más duros de a represión, 1976 y 1977, se encuentran fallecidos, como:
- el oficial Edgardo Bonanni Rey, jefe de la Compañía de Tiradores del BIM 3 en 1976.
- el oficial Mario Cazaux, integrante de la Escuela Naval y jefe del Estado Mayor de la FT5.
- el oficial Oscar De Salas, Segundo Comandante del BIM3 en abril de 1977.
- el oficial Eugenio Noziglia, Segundo Comandante del BIM3 entre dic del '76 y julio del '77.
- y el oficial Silvio Eduardo Galindez (alias “Lobo”), de actuación en el BIM3 como Jefe de la Compañía “H” en el '76 y '77 (sobre quien, a la fecha del informe, junio de 2010, no obraba constancia de fallecimiento en la Cámara Nacional Electoral).

Pero muchos otros represores que figuran en el mencionado informe continúan con vida y no han sido requeridos por la justicia. En el informe citado figuran por lo menos 25 oficiales que actuaron entre el 16 de enero de 1976 y el 18 de mayo de 1977, período en que se cometieron los delitos que estamos juzgando. Entre ellos podemos nombrar a:
- el oficial Eduardo René Fracassi, Vicealmirante y Comandante de Infantería de Marina durante el año 1976 (desde julio de 2014 está siendo juzgado en Bahía Blanca por su responsabilidad en 38 casos de secuestros y torturas y 10 homicidios como parte de la Fuerza de Tareas 9).
- el oficial Roberto Luis Alemano, que también actuó en la Escuela Superior de Infantería de Marina (ESIM) y en la ESMA.
- el oficial Oscar Castro, Comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio, que actuó al mando del sr. Fernández Carró, imputado en autos.
- el oficial Osvaldo Emilio Colombo, que actuó como jefe de la Sección de Tiradores del BIM3 y luego en la ESMA.
- el oficial Guillermo Jorge Duhalde, jefe del Área de Personal de la FT5, que se encargaba del control del personal detenido.
- el oficial Argimiro Luis Fernández, citado en este juicio por las defensas como testigo de los hechos pese a haber sido Comandante del BIM3 y jefe del Estado Mayor de la FT5 en el año '77.
- el oficial Haroldo Santillán, Jefe a cargo del área de Automotores y Comunicaciones del BIM3.
- los oficiales Basilio Lemos, Horacio Luján, Eduardo Menghini y Raúl Sanchez, actuantes en las distintas áreas de inteligencia y Contra-Inteligencia de la FT5.
Sólo esta pequeña lista mencionada supera la cantidad de imputados en este juicio.

Como sabemos, muchos de los testigos han mencionado en el debate que los operativos de secuestro se realizaban en grupos de entre 15 y 20 oficiales de la Armada. Y muchos se preguntaban, por qué además de los 8 aquí juzgados, dónde está el resto de los responsables de esos crímenes. Pues bien, cuando decimos que en este proceso no están todos los responsables del genocidio cometido por la Armada en nuestra zona, no hacemos aseveraciones en abstracto, ni señalamos potenciales colaboradores, sino que afirmamos en base a la propia documentación que figura en la causa que, con el mismo criterio de imputación de base que los 8 imputados en este juicio, existen por lo menos otros 25 represores responsables de los hechos aquí juzgados identificados con legajo, función y período de revista en distintas dependencias de la FT5.
En Astilleros Río Santiago hubo más de doscientos presos políticos, 43 desaparecidos y 1.300 renuncias forzadas de trabajadores durante la dictadura. En este debate sólo se contemplan los casos de 19 compañeros del Astillero víctimas del plan genocida. Hubo12 desaparecidos Propulsora y 11 en el Frigorífico Swift. Idéntica situación se generó en SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, la textil Sniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata.
Sólo por la acción de las querellas, este juicio pasó de incluir 40 a 55 víctimas de la FT5.
No se juzgó el rol de las burocracias sindicales ni de los directorios de las empresas cómplices del genocidio. Tampoco se juzgaron los delitos sexuales que surgieron en el debate, ni se profundizó en la apropiación del hijo de Norma Raggio Baliño de Balbuena, desaparecida desde el BIM3.
En estos años de juicios a los genocidas, en La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenados 69 represores y uno fue absuelto. De esas 11 sentencias sólo se encuentran firmes 6, por resolución de la Corte Suprema y Casación y las últimas 5, las que más represores sentenciaron, aún no tienen confirmación de ninguna instancia.
Y de acuerdo a las causas abiertas, el Estado propone juzgar, para el Circuito Camps (es decir 29 CCD en toda la zona), más los crímenes de la Armada y Prefectura y la causa por el CNU, a sólo 150 represores, cuando en realidad hubo una estructura de centenares de represores y de miles de compañeros secuestrados, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos en la región.

Por todo eso, seguiremos pidiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES).
RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.

HIJOS La Plata
Octubre de 2015

SEXTA AUDIENCIA

LO PASADO Y LO PRESENTE - parte 1

Por HIJOS La Plata
Durante Sexta y Séptima audiencias se escucharon los testimonios de 3 sobrevivientes de los CCD de la Armada, de los familiares de 3 desaparecidos que son caso en el juicio, de una testigo de 2 homicidios y de varios familiares que aún esperan justicia.

La 6ta audiencia comenzó con el testimonio de Elsa Gomez, esposa de Ricardo Alberto Nuez, trabajador de Astillero Río Santiago y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestrado por patotas de la Marina el 31 de julio de 1976 en la casa que compartían en Ensenada, y uno de los casos de desaparición forzada que integran el juicio.
Gomez relató que pasada la medianoche de aquel viernes, “los secuestros solían ser los viernes” dijo, un grupo operativo de entre 15 y 20 agentes de civil comenzó con golpes en las ventanas y las puertas de la casa. Recordó que una vez que ingresaron detectó que quien estaba al mando era uno que llevaba pasamontañas. Se llevaron a Ricardo envuelto en una frazada, revolvieron toda la casa y se robaron una máquina de escribir. Enseguida, su esposa buscó las llaves del auto y se dirigió a buscarlo. Fue hasta la comisaría de Ensenada, donde le tomaron declaración y la entretuvieron hasta las 6 de la mañana. Además presentó el correspondiente Habeas Corpus y continuó la búsqueda en la zona por propia iniciativa. Por los antecedentes de secuestros que se venían dando desde antes del golpe de Estado, la testigo contó que su marido le había dicho que si venían a buscarlo no se resistiera y que lo buscara por el camino a Punta Lara. Así lo hizo, y cuando pasó por la Comisaría de esa zona, a cargo del comisario Paladino, pudo ver soldados apostados en la dependencia apuntando hacia adentro.
Además, contó que volvió a cruzarse en Ensenada a los móviles del operativo, en otras faenas de secuestros, entre ellas las detenciones de Juan Carlos Blasetti en septiembre del '76 y de Mario Gallego en abril del '77. En este último caso también siguió a la patota y vio cómo lo llevaban a la Comisaría de Ensenada y luego a la sede de Prefectura. Un año y medio después de los hechos, un sargento del Regimiento 7 le aconsejó que no lo buscara más a Ricardo porque “no está en las listas de detenidos” que, según le dijo, eran depuradas cada año de los asesinados o desaparecidos.
Cuando se presentó en Astillero la recibió el jefe de personal, que le liquidó el sueldo pendiente y no le dio más respuesta. Más tarde llegó el telegrama de despido por “abandono de servicio”.

Continuó la audiencia con el testimonio de Tania Nuez, la hija de Ricardo y nuestra compañera de la agrupación HIJOS La Plata. En uno de los testimonios más completos y contundentes de lo que va del juicio, Tania contó cómo fue la ardua tarea de reconstruir la historia de su padre y con ello la propia identidad. La militancia de Ricardo de muy joven en la Juventud Comunista y el PCR, su ingreso a la Escuela Técnica del Astillero como aprendiz, luego en el PRT, más tarde en el Partido Socialista de los Trabajadores y finalmente en el ERP.
Además realizó un pormenorizado relato de las distintas luchas que se libraron en el Astillero y en Ensenada entre las décadas del '60 y '70, siempre reprimidas por la infantería de Marina, que contaba con una dependencia del BIM3 dentro de la planta del ARS. Contó de un allanamiento que su padre sufrió en 1963 en una casa que habitaba en Punta Lara, hecho que da cuenta de la persecución que venía sufriendo desde hacía tiempo, y que está documentada en las fichas que sobre Ricardo existen en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). Relató que en el año '69 sus padres se casaron y se fueron a vivir a Villa Regina, Río Negro, donde Ricardo trabajó en fábrica, desarrolló la militancia sindical y fue candidato a diputado por el PST.
De vuelta en el Astillero en 1975, Ricardo enfrentó a la dirección de la empresa, a cargo del capitán Enrique Carranza y en comunión con la burocracia sindical de ATE en cabeza de Juan Horvat en Nación y Juan Carlos Marín en Ensenada. Principalmente participó de la formación de asambleas combativas de base, de la Coordinadora de Gremios en Lucha enfrentada a la CGT y de las comisiones paritaras de cara a la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo conseguidos en aquel entonces y aún vigentes.
También detalló toda la serie de asesinatos y secuestros de compañeros de Astilleros y de otras fábricas de la zona entre octubre del '75 y julio del '76, como los casos de “Gogo” de Charras, Marotte, Méndez Paz, Noriega, Pelaez, Nievas, Scafide, Delaturi, Andreucci, Gutzo, Lucero; y especialmente el denominado 5x1: tras el asesinato en junio del '76 del jefe de Recursos Humanos del ARS, capitán Bigliardi, la marina se cobró la vida de 5 compañeros acribillados en el camino a Punta Lara, hecho que se conoce por un sobreviviente.
Sobre el secuestro de su papá, Tania mencionó que esa noche ella, de tres meses de edad, estaba en la casa de sus tíos. “Yo creo que si hubiese estado con ellos esa noche tal vez yo sería una de los más de 400 jóvenes apropiados que al día de hoy desconocen su identidad”, dijo. Y afirmó que sólo a través de la memoria de los trabajadores y los familiares pudo reconstruir lo poco que sabe de su padre. Cuando ingresó a trabajar en Astillero en 2007 pudo conocer el taller de cobrería en el área de chapa fina donde trabajaba su papá, casi como una manera de reencuentro: “caminé por donde él caminó y ví lo que el vió”, señaló.
Por último realizó una rotunda crítica al Estado sobre la manera de encarar estos procesos de memoria, con la cooptación de las organizaciones de Derechos Humanos, con el genocida Milani al frente del Ejército, con la banalización de los ex centros Clandestinos de Detención, los juicios fragmentados y la impunidad biológica de los genocidas. Afirmó que “sólo 8 genocidas de la Armada en este juicio es muy poco. Por el caso demi papá está acusado sólo el Comandante de la Fuerza de Tareas 5, Juan Errecaborde. Pero a mi casa entraron 15 o 20 represores. ¿Qué pasa con todos ellos?”. Y reivindicó a las organizaciones independientes del Estado y lo gobiernos que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el gatillo fácil y las torturas policiales, por los desaparecidos en democracia, por Julio Lopez y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.

La audiencia continuó con el testimonio de María Beatriz Horrac, secretaria de Gerencia en la planta de Ensenada de Propulsora Siderúrgica y detenida el 5 de abril de 1976 en su lugar de trabajo. Personas vestidas de civil fueron a buscarla y revisaron su oficina. Un uniformado velaba en el pasillo. En esos días, la empresa estaba intervenida por los militares y las fuerzas de seguridad pedían documentos a los trabajadores. No le dieron ninguna explicación, pero la esposaron, la encapucharon y la subieron a un coche. Supone que
estuvo en el BIM3, aunque otros datos hacen pensar que fue en Prefectura. Reconoció la voz de María Adela Barraza, a quien conocía de una parroquia desde donde hacían tareas sociales. Sufrió 3 simulacros de fusilamiento, tortura por submarino y otras agresiones. Contó que había también una chica embarazada. Tras dos días de cautiverio la trasladaron a Olmos, junto a Barraza. Allí las manguerearon y las interrogaron. Los secuestradores le confesaron que hace tiempo vigilaban las actividades de la parroquia. Mientras tanto, sus padres la buscaban. Además interpusieron Habeas Corpus. Luego la trasladaron a Devoto. Contó que había trabajadores fabriles y delegados gremiales hacinados. Fue liberada en el 80. Siguieron vigilándola e incluso intentaron atropellarla. Comprobó que de la parroquia había 7 desaparecidos y ya no había actividades sociales.
“La comunidad parroquial fue desaparecida”, dijo. Recordó los nombres, compañeras y compañeros; Susana Larrubia, secuestrada en el 76 y desaparecida, cuya hija nació en cautiverio; Eduardo Ricci, del grupo universitario, desaparecido; Héctor Federico Baccini, cura, desaparecido; Diego Arturo Salas, en el 76 también desaparecido; entre otros. De los que estaban del otro lado, nombró a Monseñor Antonio Plaza, Arzobispo de La Plata y figura clave en la coordinación del genocidio en el Circuito Camps. Por otra parte, pese a que se sabía que había sido secuestrada, la empresa dejó de considerar sus aportes desde el momento de su detención.
María Beatriz finalizó su relato leyendo una carta de Susana Larrubia destinada a su padre y escrita en cautiverio. En esa carta, Susana repasa brevemente la histórica dependencia de nuestro pueblo y la permanente prevalencia de intereses extranjeros. Conciente de que habría muertos, manifiesta su confianza en que “llegaremos, porque es lo mejor para el bien de
todos”.
Por el caso de Horrac está imputado en el juicio el jefe de Prefectura entre marzo y abril del '76, Carlos Schaller.

Posteriormente llegó el relato de Julio Alberto Machado, trabajador de ARS, secuestrado por la Marina el 25 de marzo del 76 en su casa. En el operativo estaba presente su familia. Lo encapucharon y lo subieron a un micro -que seguía levantando personas- hasta Prefectura. Allí le quitaron la capucha y lo obligaron a ponerse contra la pared con los brazos extendidos algunas horas. “La tortura empezó ahí”, señaló. Alguien le dijo a otro, ambos de Marina, “a este lo conocemos, labura con nosotros; y bueno; si cayó, cayó”. Con un compañero se preguntaban por qué estaban en ese lugar, “por defender a los obreros estamos”. Luego lo trasladaron en lancha a lo que supone era la Escuela Naval. Coincidiendo con muchos otros testimonios en este juicio, allí sufrió simulacros de fusilamiento y fue golpeado y hostigado. Lo interrogaron por trabajadores compañeros y por Luis Córdoba, apodado “El Hermano” por profesar la fe cristiana evangélica. Contra Córdoba se encarnizaron porque era candidato a delegado paritario, junto a él, por la lista Celeste. Estuvo ahí 2 o 3 días y lo trasladaron a la base de la Marina que estaba en ARS y luego hasta Unidad 9. Los represores se identificaban entre ellos como “Rojo 1, Rojo 2, etc”. Cuenta que vio, además, a los hermanos Aguirre, a Niselsky y a otros compañeros de ARS.
Respecto de las consecuencias de haber sido secuestrado, dijo que “fuimos maldecidos por lo que nos hicieron”. Además de que la empresa le impidió recuperar su trabajo, muchos compañeros tuvieron que trabajar de albañiles e incluso cartoneros. Reclamó por los actuales
impedimentos a la jubilación. ARS no le reconoce ni a sus compañeros ni a él sus aportes. En su caso el despido y el secuestro implicó dejarlo fuera del circuito laboral y despojarlo del sustento vital. Dijo, por último, que “luchábamos porque fuera una empresa que manejaran sus trabajadores”.
Por su caso también está imputado el jefe de Prefectura entre marzo y abril del '76, Carlos Schaller, y el oficial de esa fuerza Tomás Mendez, que murió impune antes de comenzar el juicio.

Luego fue el turno de Elda Mabel Lois, vecina del departamento de calle 58 N°607, entre 7 y 8, que presenció el operativo en que fueron asesinados los militantes Galván Lahoz y Pampillo el 19 de octubre de 1976. La testigo contó que aquella tarde volvía del médico a su depto del piso 15 y cuando llegó al hall del edificio vio a un personaje canoso y alto que le dijo que estaban haciendo una inspección de rutina. Al encontrar a su esposo se enteró que ya habían desplegado agentes de civil armados y con gruesas camperas oscuras por todo el edificio. Entonces uno les preguntó por “un señor con anteojos y una chica con las medias rotas”. Creyendo que se trataba de una broma, fue cuando comenzó a escuchar una balacera en los pisos de arriba, por lo que los desalojaron del hall. Se refugiaron en la florería “Oyola” de la esquina de 7 y 58, y desde allí observó cómo la cuadra se plagaba de más efectivos y móviles de todo tipo. Tiempo más tarde, pudo constatar que los marinos cargaban libros del lugar siniestrado y unas bolsas grandes y pesadas en un camión, que supuso se trataba de los cuerpos de los jóvenes del 4to piso. En ese departamento los jóvenes militantes de Montoneros Roberto Pampillo (“Esteban”) y Miguel Galván Lahoz (“El sanjuanino”), tenían una consultoría legal que funcionaba de vidriera de la militancia de base que desarrollaban en los barrios de La Plata. La vecina, que había conocido a Pampillo en una de las reuniones de consorcio, contó que al volver al edificio observó sangre de arrastre de los cuerpos por las escaleras y el departamento desmantelado por los tiros.
Por los homicidios de Galván y Pampillo están acusados en el juicio los represores Juan Errecaborde (Comandante de la FT5) y Eduardo Guitián (Jefe de Operaciones del BIM3). Murió impune el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini. En el expediente hay constancias de un sumario instruido por la propia Armada, a raíz de las heridas sufridas por el marino Eugenio González en el operativo, realizado por integrantes del BIM3 y de la Policía bonaerense. De ese sumario surge que formaron parte del operativo Guitián, a quien se sindica con “adoctrinamiento Anti-Subversivo y Coordinación de los Fuegos de Apoyo”, y que estaba a cargo Mocellini, sobre cuyo desempeño su jefe Errecaborde elogió “especial aptitud para la conducción de un grupo de operaciones de combate” y de concepto “excepcional”.

Continuó con la ronda la testigo Silvina Arias, hija de Diego Arias, trabajador del Astillero secuestrado el 18 de junio de 1976 y aún desaparecido. Arias contó que su papá había ingresado como aprendiz a la fábrica en el año '62 como técnico en refrigeración y fue despedido poco después del golpe de Estado por “razones de seguridad”. Entonces se las arregló reparando heladeras con un amigo y haciendo pintura de autos en un taller de su casa de Berisso.
También dijo que la tarde previa a su secuestro había estado hablando con un amigo y compañero del Astillero y le había dicho “nos vamos a tener que ir”. Ya sabían de la suerte que habían corrido otros compañeros y amigos como Pelaez y Gutzo y que el sindicato ATE Ensenada estaba entregando listas a la Marina. Finalmente fue secuestrado a la madrugada siguiente como parte del operativo de la Armada conocido como “5x1” en venganza al asesinato de Bigliardi, junto a los trabajadores Juan Alberto Becker, Juan Carlos Arriola, Edgardo Cardinale, Luciano Sander y Héctor García.
Silvina señaló que en el operativo, el grupo vestido de fajina y encapuchado (excepto uno que daba órdenes) golpearon a su abuelo Francisco e intentaron llevarlo confundiéndolo con su padre. Una vez que dieron con su padre, éste se vistió con su mejor ropa y al sacarlo al living pidió despedirse de su familia, a lo que no accedieron. Una de sus tías vio como lo golpeaban al subirlo a un auto mientras el gritaban “Hijo de puta, la vas a pagar”. La familia hizo la denuncia en la Comisaría 1a de Berisso, pero en unas horas avisaron de la Comisaría 2a de Punta Lara que requerían presencia: informaron que “autores ignorados lo habían golpeado y arrojado al Camino Negro”. En verdad, por el testimonio de Becker, sobreviviente de ese operativo, se supo que los trasladaron en Falcon blancos, atados de pies y manos con alambre, luego los pasaron a una camioneta y fueron a un descampado donde se escuchaba el tren, y había una casona y un galpón. Les preguntaban quién había puesto la bomba en la fragata Santísima Trinidad. Allí ametrallaron a los otros cinco. A él le dijeron que “en este mundo tiene que derramarse mucha sangre para que haya paz” y lo liberaron en City Bell diciendo “te vamos a soltar, no viste nada".
Arias afirmó que cuando recuperaron los restos de su padre de que los cuerpos habían sido arrojados desde un helicóptero, porque los huesos estaban destrozados. Relató también que durante el velorio la familia, los amigos y vecinos recibieron todo tipo de amenazas y hasta vigilancia rotativa de agentes de la Armada.
Por último habló del daño económico que les causó la represión, ya que las familias nunca recibieron una pensión y muchos sobrevivientes aún no pueden jubilarse. Y que además d la ardua tarea de reconstruir la historia de su padre, perdió lo poco que tenía de él en el crimen social de las inundaciones del 2 de Abril en nuestra zona. Finalizó con una crítica a la justicia: “Yo estoy hablando de mi papá, pero no es caso en este juicio. Muchas veces hasta las investigaciones periodísticas van adelante de la justicia”.

La 6ta audiencia cerró con el testimonio de Mariela Sander, hija de Luciano Sander, trabajador del ARS secuestrado y asesinado en el operativo del “5x1”. Mariela contó que su padre había ingresado a la fábrica en el año '54, y había sido primero delegado y luego secretario general del sindicato entre el '69 y el '72 por la lista Azul y Blanca. Habiendo sufrido amenazas y persecución, había logrado escapar d eun intento de secuestro en el '74 y tras el golpe la familia debió mudarse de casa. En noviembre del '75 su padre fue víctima de una operación para echarlo del Astillero por el historial de sanciones que tenía por enfrentamientos con la patronal. Entonces se fue a trabajar a una verdulería para sostener a su familia.
Relató además que tras el secuestro de Ana Nievas en marzo del '76, su padre había ido a ver a Juan Horvart, secretario de AE nacional y además padrino de uno de sus hijos. EL burócrata le dijo “Andáte, no te puedo ayudar”, lo que generó una pelea y distanciamiento definitivo.
El 18 de junio del '76, su padre llegó a casa con una pierna herida, hecho que trató de minimizar frente a su esposa e hija. La misma madrugada fue secuestrado en un operativo de un grupo de tareas de encapuchados y vestido de fajina, donde le apoyaron un arma en la sien a ella, que tenía 12 años. Desde su pieza vio como se llevaban a su padre a los saltos por la herida en la pierna, y como se negaron a dejarlo que se despida u padre le dijo que recen mucho. Su madre vio que el operativo había 5 Torinos blancos.
Al otro día vino su tío con la noticia de los 5 asesinados en el Camino Negro de Punta Lara a 200 metros de la costa del río. Los cuerpos habían aparecido con los brazos atados con alambre por la espalda y apilados uno sobre otro. Cuando recuperaron los restos supieron que su padre tenía 12 tiros y todos los huesos rotos. Como en el caso de Arias, el velorio se hizo bajo amenazas de la Marina: “además del asesinato de mi padre sufrimos ser parias en una sociedad que nos echaba las culpas”. Mariela contó que después del hecho sufrieron por 2 años la vigilancia de agentes de la Marina en autos particulares en la puerta de su casa, que desde el sindicato ATE “nunca se acercaron para ver si teníamos para comer”.
Para finalizar reflexionó: “Esperé 39 años por justicia y no hay respuesta porque mi padre no es caso en el juicio. Hubo 40 familias de Astilleros destrozadas. Pido que se siga investigando, lo pido desde la niña que fui y desde la mujer que soy ahora”.